MEMORIAS POR CONSTRUIR
Por CLAUDIA LÓPEZ
Uno de los mejores legados, quizás el único, por el que valió la pena la Ley de Justicia y Paz fue la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR. No sólo porque es, que yo recuerde, el primer escenario institucional en el que se reconoce a las víctimas y se les da voz, sino también porque tuvo el acierto de constituir un Grupo de Memoria Histórica para reconstruir las raíces de nuestro actual conflicto.
Me temo que uno de los efectos que lamentaremos en el futuro, cuando entre en vigencia la Ley de Víctimas, es la desaparición de este Grupo de Memoria Histórica y también de la propia Comisión. Aunque he tenido diferencias con planteamientos de la Comisión, y muchas más con su vocero, Eduardo Pizarro, reconozco el talante plural del debate con la Comisión y la independencia académica que le permitieron al Grupo de Memoria Histórica para empezar su tarea.
En el nuevo gobierno, el Presidente Santos empeñó parte de su capital político en sacar adelante la Ley de Víctimas, pero el Vicepresidente Garzón ha empeñado parte del suyo en menoscabar el legado de la Comisión. Por razones que desconozco, Garzón empezó con una especie de animadversión personal contra Pizarro, que evolucionó en desprecio generalizado por lo actuado por la Comisión y en una toma hostil de la misma. Espero que esas nimiedades personales y políticas influyan lo menos posible en la transición institucional del tema de víctimas y por el contrario podamos retomar el legado de la Comisión para afrontar los nuevos desafíos de la Ley de Víctimas. Uno de esos desafíos es la reconstrucción de la memoria histórica.
En el tire y afloje de la Ley de Víctimas finalmente parece haberse llegado a un acuerdo sobre tres fechas emblemáticas. 1991 será el año a partir del cual se calcule el despojo de tierras y se avalen los procesos de restitución. 1984 será el año a partir del cual se hará reparación económica y administrativa. Y de 1984 hacia atrás se hará reparación simbólica, enfocada en memoria histórica, para quienes se consideren víctimas. Para cualquiera de los efectos, el esfuerzo de reconstrucción de los hechos va a ser monumental. ¿Qué legado nos deja al respecto el Grupo de Memoria Histórica que derivó de la Ley de Justicia y Paz?
He leído todas las publicaciones del Grupo de Memoria Histórica y tengo el mayor aprecio y admiración por sus miembros y por su labor. Pero leyendo su producción he llegado a la conclusión de que realmente no hicieron memoria histórica. Lo que hicieron fue una selección de casos emblemáticos, usualmente masacres, y reconstruyeron la ocurrencia de las mismas. Lo hicieron de una manera humana y profesional magistral, pero ese trabajo dista mucho de ser la memoria histórica del actual conflicto.
El Grupo no trazó una hoja de ruta para reconstruir el conjunto de hechos, actores, factores y períodos que constituyen la memoria histórica de nuestro conflicto. Se limitaron a señalar 1964 como el año emblemático de inicio del conflicto actual y a reconstruir algo más de una decena de casos. En consecuencia, la tarea de memoria histórica está prácticamente por hacer.
Mucho se discutirá en los próximos meses al respecto. Para empezar a contribuir a ese debate, dejo dos aportes iniciales. De una parte, creo que desconocer la conexidad histórica entre el surgimiento de movimientos de autodefensa campesina, que evolucionaron en guerrillas, en particular las Farc, con la violencia política originada en el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán en 1948 no sólo es desacierto sino ceguera. Por eso me parece desacertada la fecha de 1964 como referente de memoria histórica de nuestro actual conflicto. Sugiero en cambio que se considere el año 1946. Para profundizar esa discusión invito a la lectura de dos textos. El libro “Mataron a Gaitán” de Hebert Braun y la ponencia (http://es.scribd.com/full/53456453?access_key=key-8zictkucp0vkt8ntwf8.) de María Valencia sobre el genocidio del Movimiento Gaitanista.
De otra parte, me parece igualmente ciego el intento, casi desesperado, de negar la conexidad histórica entre las autodefensas organizadas por el Gobierno desde 1964, como respuesta a la violencia de bandoleros y guerrilleros, y las posteriores autodefensas de los 80s, como las Autodefensas del Magdalena Medio.
Si ni siquiera eso, que es un hecho histórico que no afecta a personajes vivos, es difícil de reconocer, más lo es reconocer la conexidad entre las otrora autodefensas del Magdalena Medio y su posterior evolución en grupos narcoparamilitares, muchos amparados bajo la figura de las Convivir, y su posterior fusión en las llamadas AUC, que en cambio sí afecta a toda una gama de vivos. Para darse una idea de la magnitud de la diferencia en este tema, recomiendo la lectura de la revista Arcanos #13 de la Corporación Nuevo Arco Iris y el texto sobre Disidentes, Rearmados y Emergentes de la CNRR. (http://es.scribd.com/full/53455943?access_key=key-9ykopg9owcw8zqtpjec).
El debate está abierto. Por difícil que resulte, si se aprueba la Ley de Víctimas, la tarea de reconstrucción de la memoria histórica de nuestro conflicto ya no será optativa, casuística o académica. Será mandato legal y deber histórico.
